Este módulo sitúa la violencia de género en su contexto: qué es, qué normas internacionales, europeas, estatales, autonómicas y locales la enmarcan y qué papel tiene en ellas la Ley Orgánica 1/2004. Del marco internacional y europeo solo se recogen los hitos esenciales.

Unidad IIntroducción: qué es la violencia de género

1Concepto

La violencia de género es una de las manifestaciones más claras de la desigualdad, la subordinación y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Se basa en la diferencia entre los sexos: las mujeres la sufren por el mero hecho de ser mujeres, y las víctimas pueden pertenecer a cualquier estrato social, nivel educativo, cultural o económico.

En el sentido de la Ley Orgánica 1/2004, es la que se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones de afectividad, es decir, parejas o exparejas.

2Rasgos principales

• El objetivo del agresor es producir daño y conseguir el control sobre la mujer.
• Se produce de manera continuada en el tiempo y sistemática en la forma, como parte de una misma estrategia.
• Las políticas de igualdad de los gobiernos locales españoles se apoyan en el marco jurídico internacional, europeo, estatal y autonómico, aunque no todas esas normas usan los mismos conceptos para referirse a esta violencia.

Unidad IIMarco internacional y europeo

1Hitos internacionales (Naciones Unidas)

También hubo conferencias mundiales en Copenhague (1980) y Nairobi (1985), esta última para evaluar el Decenio de la ONU para la Mujer. El informe del Secretario General de la ONU de 1999 sobre la eliminación de la violencia contra la mujer ya advertía de que subsistían problemas importantes y dificultades para eliminarla eficazmente.

2Hitos europeos

• 1950: Convenio Europeo de Derechos Humanos (Consejo de Europa).
• 1975-1979: primeras directivas comunitarias sobre igualdad de retribución (75/117/CEE), igualdad de trato en el empleo (76/207/CEE) y en la Seguridad Social (79/7/CEE).
• 1990: Recomendación R (90) 2 del Consejo de Europa sobre medidas sociales relativas a la violencia en la familia.
• 1997: Tratado de Ámsterdam, que compromete a la Comunidad con la integración de la igualdad en el conjunto de sus políticas y con el principio de «igual salario para un trabajo de igual valor».
• 2002: Recomendación Rec (2002) 5 del Consejo de Europa sobre la protección de las mujeres contra la violencia.
• 2006: Directiva 2006/54/CE (igualdad en empleo y ocupación), Pacto Europeo por la Igualdad de Género y creación del Instituto Europeo de la Igualdad de Género.
• 2008: Directrices de la UE sobre la violencia contra las mujeres y la lucha contra toda forma de discriminación hacia ellas.

La Comisión Europea también impulsó programas específicos, como el programa de trabajo para la igualdad 2006-2010, que fijó la erradicación de la violencia contra las mujeres como una de sus seis prioridades, y el programa DAPHNE III (2007-2013), dirigido a prevenir y combatir la violencia contra niños, jóvenes y mujeres.

Unidad IIIMarco estatal

1La Constitución y la Ley de Igualdad

El punto de partida es el artículo 9.2 de la Constitución: corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.

La norma principal que ampara las políticas locales de igualdad es la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (Ley de Igualdad). Su objeto es hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades. Según su artículo 3, el principio de igualdad de trato supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y en especial la derivada de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.

Su artículo 14 fija criterios generales de actuación de los poderes públicos. Entre ellos, para este curso, destacan:

• La integración de la igualdad en el conjunto de las políticas (económica, laboral, social, cultural y artística).
• La colaboración y cooperación entre administraciones, y con agentes sociales y asociaciones de mujeres.
• La adopción de las medidas necesarias para la erradicación de la violencia de género.
• La atención a las dificultades singulares de las mujeres de colectivos especialmente vulnerables.
• La conciliación, la corresponsabilidad y el uso de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo.

2Otras normas de apoyo

• Real Decreto 1686/2000, de 6 de octubre: crea el Observatorio de la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, un sistema de información para conocer la situación de las mujeres y el efecto de las políticas puestas en marcha.
• Ley 30/2003, de 13 de octubre: exige un informe de impacto por razón de género en los proyectos normativos del Gobierno.
• Orden PRE/525/2005, de 7 de marzo: publica el Acuerdo del Consejo de Ministros con medidas para favorecer la igualdad, entre ellas la lucha contra la violencia de género.

3La Ley Orgánica 1/2004

Es el principal marco normativo para cualquier actuación de las administraciones en este ámbito. Supuso un cambio importante porque visibilizó la necesidad de abordar la violencia de manera integral.

La ley previó un Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género, para introducir nuevas escalas de valores basadas en el respeto de los derechos y libertades y en la igualdad. Se aprobó en Consejo de Ministros el 15 de diciembre de 2006 con dos objetivos: mejorar la respuesta frente a la violencia de género y conseguir un cambio en el modelo de relación social. Las entidades locales figuran entre los agentes fundamentales para aplicarlo.

4Otras medidas complementarias

• Plan de Atención y Prevención de la Violencia de Género en Población Extranjera Inmigrante 2009-2012, aprobado el 9 de enero de 2009, para una atención adaptada a las mujeres inmigrantes víctimas.
• Real Decreto 1917/2008, de 21 de noviembre: programa de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género inscritas como demandantes de empleo.

Unidad IVMarco autonómico y local

1Las comunidades autónomas

Las comunidades autónomas son responsables de los ámbitos clave para la prevención y la atención: educación, salud, servicios sociales y políticas de género. Por eso coexisten normas estatales y autonómicas sobre un mismo objeto. Las leyes autonómicas desarrollan el mandato de la Ley 1/2004, que les encomienda organizar determinados servicios y reconocer determinados derechos dentro de sus competencias.

• Tienen competencia exclusiva en asistencia social (artículo 148.1.20 de la Constitución), recogida en varios Estatutos de Autonomía. Otros Estatutos incluyen las políticas de género como competencia propia, y otros solo mencionan el deber de propiciar la igualdad.
• Todas las comunidades autónomas, y Ceuta y Melilla, han aprobado alguna norma o plan en la materia, aunque con vigencias distintas y buena parte ya no estaba en vigor cuando se redactó el estudio (2009).
• Muchas leyes autonómicas amplían el ámbito de protección y dan entrada a la violencia laboral, docente y social. Eso enriquece el enfoque, pero puede crear disfunciones en prevención, sensibilización y prestaciones.
• Cada ley nombra el fenómeno de forma distinta (violencia sexista, de género, machista, doméstica, contra las mujeres), lo que influye en cómo se interviene.

Las prestaciones sociales se regulan por el marco normativo de cada comunidad.

2El ámbito local

• El artículo 28 de la Ley 7/1985 (Bases del Régimen Local) permite a los municipios realizar actividades complementarias de las de otras administraciones, entre ellas la promoción de la mujer.
• El artículo 25 les permite promover actividades y prestar servicios que satisfagan las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.

Los ayuntamientos son, por tanto, un agente cercano a las víctimas, con competencias propias para sensibilizar, informar y colaborar en la atención.

Este módulo explica cómo se previene y se combate la violencia contra las mujeres desde la sociedad y las administraciones: conceptos clave, diferencia entre sensibilizar y prevenir, medidas de la ley (sobre todo educativas) y planificación local. Incluye los mitos y excusas más habituales, que funcionan como señales de alerta social.

Unidad VConceptos básicos

La Ley Orgánica 1/2004 (Ley Integral) se aprobó por unanimidad para erradicar progresivamente la violencia de género. Ordenó elaborar un Plan Nacional de Sensibilización y Prevención, aprobado por el Consejo de Ministros el 15 de diciembre de 2006, que exige la colaboración de todas las administraciones.

1Definiciones

2Sexo, género e igualdad

• Sexo: diferencias biológicas. Género: asignación cultural de roles, valores y expectativas distintos a cada sexo, que varía según época y lugar.
• Igualdad: mismo trato y oportunidades en el acceso, ejercicio y control de derechos, poder y recursos, respetando la diversidad.
• Constitución: art. 14 (no discriminación por sexo) y art. 9.2 (los poderes públicos promueven la igualdad real y remueven obstáculos). La norma es necesaria pero no suficiente.

3Mujeres en situación de mayor vulnerabilidad

El Plan Nacional señala a las mujeres con discapacidad, mayores, rurales, inmigrantes y de etnias minoritarias, que sufren doble discriminación.

• Discapacidad: sufren una violencia específica, también de su entorno familiar y asistencial; el texto la cifra de dos a cinco veces más frecuente y se denuncia poco.
• Medio rural: mayor control social, estereotipos acentuados y menos recursos; la violencia está más oculta.
• Inmigrantes: redes de apoyo escasas y, si están en situación irregular, miedo a ser denunciadas y expulsadas.
• Mujeres gitanas: control social del entorno y desconfianza hacia las instituciones.

Unidad VISensibilizar y prevenir

Son estrategias distintas y complementarias; confundirlas resta eficacia a ambas. Sensibilizar no es solo informar: se trata de que la gente tome conciencia y actúe.

1Niveles de prevención

La prevención primaria se dirige a grupos y su estrategia principal es educativa. El modelo ecológico añade que hay que actuar a la vez sobre los factores individuales, la familia y el entorno cercano, los espacios públicos (bien iluminados y accesibles) y la desigualdad social y cultural.

Unidad VIICampañas de sensibilización y mitos sociales

1Cómo se planifica una campaña

Una campaña es un conjunto coordinado de acciones para informar, persuadir o motivar cambios de conducta en una audiencia definida, con unos medios, un tiempo y un presupuesto concretos. Debe tener en cuenta:

• Estudios previos de percepción y actitudes, y campañas anteriores en el territorio.
• Objetivo, mensaje claro y coherente con la imagen, audiencia, canales y duración suficiente.
• Información y propuesta de acción a la vez: ninguna basta sin la otra.
• Evaluación del impacto: si se entendió el mensaje, si aumentó el conocimiento, si generó implicación y si se asocia con quien lo promueve.

El Plan Nacional pide campañas permanentes y accesibles, también para adolescentes, población inmigrante y ámbito rural. Los mensajes deben visibilizar la violencia y su origen, contrarrestar cualquier justificación, romper la pasividad del entorno, ofrecer esperanza a las víctimas (hay salida y recursos), animar a denunciar, implicar a los hombres y proponer modelos positivos de relación.

2Lista de comprobación de un mensaje

• Está claro el público destinatario y el mensaje es comprensible, con una sola idea y accesible visualmente.
• Presenta la violencia como violación de derechos humanos, delito y problema social, y da propuestas de acción.
• Recoge la diversidad de mujeres y hombres y ofrece información veraz.

• No usa estereotipos sexistas ni sensacionalismo.
• No es paternalista ni fatalista, y no victimiza ni responsabiliza a las mujeres.

3Mitos y excusas habituales

La sociedad ha naturalizado la violencia: casi nadie la defiende abiertamente, pero en la práctica sigue siendo un modo de control. Estas ideas hay que desmontarlas:

Unidad VIIIPrevención en el ámbito educativo

La educación es la vía principal de la prevención primaria.

1Ley Orgánica 3/2007 (Ley de Igualdad)

• Art. 23: el sistema educativo incluye entre sus fines el respeto a los derechos fundamentales y la igualdad de derechos y oportunidades.
• Art. 24: las administraciones educativas garantizan la igualdad atendiéndola en los currículos, eliminando contenidos sexistas (sobre todo en libros de texto), formando al profesorado, equilibrando la presencia de mujeres y hombres en los órganos de los centros y enseñando el papel de las mujeres en la Historia.
• Art. 25: en la educación superior se fomentan asignaturas, posgrados e investigación sobre igualdad.

2Ley Orgánica 1/2004 (arts. 4 a 8)

• Art. 4: cada etapa contribuye a la igualdad y a la resolución pacífica de conflictos: Infantil y Primaria (habilidades y respeto a la igualdad), ESO (relacionarse pacíficamente), Bachillerato y FP (análisis crítico de las desigualdades), enseñanza de adultos y universidades (formación e investigación en igualdad de forma transversal).
• Art. 6: eliminar los estereotipos sexistas de los materiales educativos.
• Art. 7: formación específica en igualdad en la formación inicial y permanente del profesorado.
• Art. 8: los Consejos Escolares impulsan medidas a favor de la igualdad real.

La LO 2/2006, de Educación, recoge la igualdad efectiva, la prevención de conflictos y la no violencia entre sus fines y principios, e incorpora la formación del profesorado en igualdad (art. 102).

3Qué puede hacer la administración local

Los ayuntamientos no tienen competencias sobre el currículo, pero participan en el Consejo Escolar y deben coordinarse con las administraciones educativas (LOE, art. 8). Pueden actuar con:

• Escuela y familias: talleres de coeducación y gestión de conflictos, formación del profesorado y de las AMPA, materiales y jornadas para madres y padres.
• Ocio y educación no formal: formación de monitores y actividades igualitarias; talleres con jóvenes sobre relaciones abusivas.
• Hombres: talleres de corresponsabilidad, nuevas masculinidades, control del estrés y comunicación no violenta.
• Mujeres, incluidas las que tienen discapacidad: espacios de empoderamiento y materiales accesibles.
• Medios locales: formación en igualdad y códigos de conducta en el tratamiento de la noticia.
• Profesionales (policía local, salud, educación, trabajo social): formación para detectar posibles casos, vinculada a protocolos de coordinación.

Unidad IXEstrategias y planificación local

1Criterios de trabajo

• Enfoque de género, objetivos estratégicos y prácticos, y dirigirse a toda la sociedad implicando a los hombres.
• Participación ciudadana, trabajo interdisciplinar y corresponsabilidad en las tareas domésticas y de cuidados.
• Actuaciones continuas (no solo el 25 de noviembre o el 8 de marzo) y accesibles, con indicadores para evaluar.
• El plan lo lidera el organismo local de igualdad o, si no existe, la máxima autoridad local; es transversal a todas las áreas.
• Se coordina con otras administraciones y con el tejido asociativo, y cuenta con recursos propios: no es una declaración de intenciones.

2Líneas de actuación

3Pasos para un plan local

1. Diagnóstico: actitudes en el territorio, tipos de violencia detectados, recursos y actores.
2. Objetivos, contenidos y mensajes concretos.
3. Público objetivo definido con precisión (abarcar demasiado diluye el mensaje).
4. Actuaciones, canales, calendario y recursos, adaptando el mensaje a cada medio y contratando profesionales cuando haga falta.
5. Estructura de trabajo, participación y gestión.
6. Seguimiento y evaluación: logro de objetivos, eficacia y eficiencia, plazos y coordinación, con propuestas de mejora.
7. Impacto previsto: un plan exitoso puede aumentar la demanda de servicios jurídicos o de formación.

Este módulo explica qué derechos tienen las víctimas del delito, en particular las mujeres víctimas de violencia de género, dentro y fuera del proceso penal. Parte del marco europeo y llega a la ley española que los reúne: el Estatuto de la víctima del delito.

Unidad XDel proceso centrado en el infractor al centrado en la víctima

1Un cambio de enfoque

El Derecho Penal tradicional se centraba en el poder punitivo del Estado frente al infractor y en garantizar sus derechos. La víctima quedaba en segundo plano. Frente a ello creció la sensibilidad hacia ella y se la empezó a reconocer como titular de derechos, dentro y fuera del proceso. De ahí nace la justicia restaurativa: sin recortar el derecho del acusado a un juicio justo, el proceso deja de ser «binario» (Estado frente a acusado) y pasa a verse como un triángulo con la víctima en uno de sus vértices.

2Hitos europeos

• Decisión Marco 2001/220/JAI (15 de marzo de 2001): primera regulación amplia del estatuto de la víctima en la UE, con el fin de evitar la victimización secundaria. Era ambigua y casi ningún Estado la aplicó bien.
• Tratado de Lisboa (art. 82.2 TFUE): permite legislar mediante directivas. Destacan la Directiva 2011/36/UE (trata) y la Directiva 2011/99/UE sobre la orden europea de protección, que extiende los efectos de una protección a otro Estado miembro.
• Directiva 2012/29/UE (25 de octubre de 2012): el hito más importante y precedente directo de la ley española.

Unidad XILa Directiva 2012/29/UE

Establece normas mínimas sobre derechos, apoyo y protección de las víctimas. Define como víctima a la persona física que sufre un daño o perjuicio (lesiones físicas o mentales, daño emocional, perjuicio económico) causado directamente por una infracción penal. Si muere, lo son también sus familiares (víctimas indirectas). Las personas jurídicas quedan fuera.

Su clave es la individualización: la vulnerabilidad no es una etiqueta fija, sino el riesgo concreto de victimización secundaria, intimidación o represalias. Establece tres niveles de protección: general para todas las víctimas (salas de espera separadas, protección de la dignidad y la intimidad), reforzado para quienes tienen necesidades especiales tras una evaluación individual, y para menores, de quienes se presume esa necesidad.

Unidad XIIEl Estatuto de la víctima del delito (Ley 4/2015)

1Qué es y a quién protege

La Ley 4/2015, de 27 de abril (LEVD) incorpora la Directiva y reúne los derechos mínimos de todas las víctimas, sin perjuicio de normas especiales como la LO 1/2004. Entró en vigor el 28 de octubre de 2015. Reconoce derechos procesales y extraprocesales y se aplica a delitos cometidos o perseguibles en España, con independencia de la nacionalidad y de la residencia legal. Las víctimas de violencia de género tienen siempre derecho al régimen que mejor las proteja.

• Víctima directa: quien sufre daño en su persona o patrimonio causado directamente por un delito.
• Víctima indirecta: en caso de muerte o desaparición causada por un delito, el cónyuge no separado y los hijos convivientes, la pareja análoga, progenitores y parientes bajo su guarda y personas sujetas a su tutela o acogimiento; a falta de ellos, otros parientes en línea recta y hermanos. Nunca los responsables.

2Derecho a la información

Es un derecho básico porque condiciona los demás. Debe darse desde el primer contacto y obliga a jueces de instrucción, Policía Judicial, Oficinas de Asistencia a las Víctimas, Ministerio Fiscal y Letrados de la Administración de Justicia. Ha de ser personalizada y accesible, progresiva, adaptada a la fase del proceso y respetuosa con la voluntad de la víctima, que puede cambiar de opinión. Incluye:

• Asistencia y apoyo disponibles (médicos, psicológicos, materiales) y cómo obtenerlos.
• Cómo denunciar y aportar pruebas; cómo pedir medidas de protección.
• Asesoramiento jurídico y condiciones de la asistencia jurídica gratuita.
• Indemnizaciones y cómo reclamarlas; reembolso de gastos.
• Interpretación y traducción; recursos contra resoluciones; datos de contacto de la autoridad.
• Solicitar ser notificada de resoluciones, indicando correo electrónico o, si no, dirección postal.

La víctima de violencia de género tiene asistencia jurídica gratuita con independencia de sus recursos, que se extiende a sus causahabientes si fallece (salvo que lo sea el agresor). Se adquiere con la denuncia, la querella o el inicio del procedimiento penal, y se pierde con sentencia absolutoria o archivo firmes, sin devolver lo ya recibido.

3Información sobre la causa

Previa solicitud, se puede notificar a la víctima la decisión de no iniciar el procedimiento, la sentencia, las medidas cautelares acordadas o modificadas para su seguridad y las resoluciones judiciales o penitenciarias que afecten a condenados por delitos violentos y supongan riesgo para ella. A las víctimas de violencia de género se les notifican siempre las resoluciones sobre medidas cautelares de seguridad, salvo que renuncien. Puede recurrir en los términos de la ley, no de forma ilimitada; por ejemplo, el sobreseimiento, sin haberse personado antes (art. 12).

Unidad XIIIParticipación, justicia restaurativa y protección

1Participación y ejecución

La víctima puede ejercer la acción penal y civil y comparecer ante quienes investigan para aportar pruebas e información. También puede intervenir en la ejecución de la pena (art. 13) si lo ha solicitado: se le notifican, por ejemplo, el tercer grado antes de cumplir la mitad de la condena y la libertad condicional en determinados delitos graves.

• Para recurrir: anunciar la voluntad en 5 días desde la notificación e interponer el recurso en los 15 días siguientes.
• Tiene 5 días para formular alegaciones previas a la decisión del juez de vigilancia penitenciaria.
• Puede pedir reglas de conducta para el liberado condicional ligadas a su seguridad.

Otros derechos: preferencia en el reembolso de gastos y costas frente al Estado (art. 14), justicia gratuita (art. 16), denuncia de delitos cometidos en otro Estado de la UE (art. 17) y devolución sin demora de bienes incautados (art. 18).

2Justicia restaurativa

El art. 15 la permite si el infractor reconoce los hechos esenciales, ambos consienten tras información completa e imparcial y no hay riesgo para la víctima.

3Protección en el proceso penal

Unidad XIVAsistencia y reparación: las Oficinas de Asistencia a las Víctimas

El art. 10 reconoce a toda víctima acceso gratuito y confidencial a los servicios de asistencia y apoyo. Los hijos menores y menores sujetos a tutela, guarda o custodia de mujeres víctimas de violencia de género o doméstica tienen derecho a las medidas de asistencia y protección de la ley. La LO 8/2015, de 22 de julio, reconoció al menor que convive con una mujer víctima como víctima directa.

Las Oficinas, reguladas por el RD 1109/2015, de 11 de diciembre, son un servicio público especializado de asistencia jurídica, psicológica y social. Informan y atienden jurídicamente, evalúan la vulnerabilidad y las medidas de protección necesarias, ofrecen asistencia psicológica durante el proceso y hacen seguimiento después, aunque no se conozca al infractor. El temario destaca que se ha desarrollado más la información, la participación y la protección que la reparación, y que su aplicación depende de la dotación de medios.

La coordinación entre instituciones es uno de los pilares de la Ley Integral. Este módulo explica cómo se organiza mediante planes de colaboración y qué protocolos existen a nivel estatal.

Unidad XVPlanes de colaboración

La coordinación institucional optimiza los recursos existentes y permite ofrecer a las víctimas respuestas individualizadas, coherentes y completas. Los titulares de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer deben implicarse en el diseño y desarrollo de los planes de colaboración, de modo que la actividad judicial quede integrada en los circuitos de actuación (mandato del artículo 32 de la Ley Orgánica 1/2004).

1Objetivos de los circuitos

1. Evitar la duplicidad de actuaciones.
2. Garantizar los derechos de las víctimas en el proceso judicial.
3. Mejorar el servicio, adaptándolo a las peculiaridades y necesidades de quienes lo usan.

Según el artículo 32.2 de la Ley Orgánica 1/2004, los planes se articulan mediante protocolos que garanticen la actuación global e integral de las administraciones implicadas. Suelen definir las funciones de cada institución en cada fase de la intervención, con el fin de hacer efectivos los derechos de las víctimas y su recuperación integral.

2Quién puede formar parte de los grupos de trabajo

Existen experiencias autonómicas y locales que sirven de referencia para nuevos planes.

Unidad XVIProtocolos de coordinación de ámbito estatal

Se han firmado distintos protocolos para coordinar la respuesta de las instituciones. Algunos continúan otros anteriores que no distinguían entre violencia de género y violencia doméstica.

Los dos protocolos de seguimiento telemático fueron acordados entre los ministerios de Justicia, Interior y Sanidad (con Servicios Sociales e Igualdad), el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado.

Unidad XVIIProtocolos para la valoración del riesgo

• Valoración policial del nivel de riesgo y gestión de la seguridad de las víctimas, aprobado por la Instrucción 7/2016 de la Secretaría de Estado de Seguridad.
• Protocolo Médico-Forense de Valoración Urgente del Riesgo de violencia de género, aprobado en octubre de 2011.
• Guía de buenas prácticas para la valoración psicológica forense del riesgo de violencia contra la mujer en las relaciones de pareja, elaborada en la Comunidad de Madrid.

Este módulo explica cómo responde el Derecho penal a la violencia de género: qué hay que probar en los delitos agravados, cómo se suspenden y ejecutan las penas, qué ocurre si se quebranta una orden de alejamiento y cuándo el impago de pensiones es violencia económica. Se basa en el Código Penal (CP) tras la LO 1/2015.

Unidad XVIIIAusencia de elemento subjetivo en los subtipos agravados

1Los delitos afectados

El Título IV de la LO 1/2004 («Tutela penal») reforzó la protección de la mujer frente a su pareja o expareja, con o sin convivencia. Modificó las lesiones (art. 148), el maltrato ocasional (art. 153.1: menoscabo psíquico, lesión leve, golpear o maltratar de obra), las amenazas leves (art. 171.4) y las coacciones leves (art. 172.2), que pasaron de falta a delito, y el quebrantamiento (art. 468). No tocó los delitos contra la vida, la libertad sexual ni la violencia habitual.

2La discusión

El artículo 1 de la LO 1/2004 describe la violencia de género como manifestación de discriminación, desigualdad y poder del hombre sobre la mujer, pero esa expresión no figura en los tipos penales. De ahí dos posturas:

3Argumentos de la tesis mayoritaria

• Literalidad e historia: los tipos no mencionan ningún ánimo especial, y desde la LO 3/1989 y la LO 11/2003 la violencia familiar se castiga sin exigirlo.
• Voluntad del legislador: es él quien aprecia el mayor desvalor de estas conductas en la pareja o expareja.
• Tribunal Constitucional: la STC 59/2008, de 14 de mayo, declaró constitucional el art. 153.1 sin elemento añadido y sin presumir vulnerabilidad en la mujer por serlo.

El Tribunal Supremo no lo ha resuelto de forma expresa, pero apunta en esa línea. El componente «machista» se busca en el contexto objetivo, no en la intención. Quedarían fuera casos claramente ajenos a esas pautas, como una pelea laboral entre dos antiguos cónyuges. La reforma de 2015 no añadió la fórmula «con cualquier intención», así que la polémica sigue abierta.

Unidad XIXSuspensión de la ejecución de las penas

1Régimen general

Desde la LO 1/2015 (arts. 80 a 87) desaparece la sustitución de penas, cuyos criterios se integran en la suspensión. Se aplica a penas privativas de libertad de hasta dos años (o suma de las impuestas). No es automática: el juez decide con auto motivado si es razonable esperar que ejecutar la pena no es necesario para evitar nuevos delitos. Valora el delito, las circunstancias y antecedentes del penado, su conducta posterior (en especial el esfuerzo por reparar el daño) y su situación familiar y social.

• No cuentan los antecedentes de delitos irrelevantes para predecir nuevos delitos.
• La responsabilidad civil se da por cumplida si el penado se compromete a pagar según su capacidad económica.
• En delitos perseguibles solo a instancia de parte (agresión, acoso y abuso sexual, y el delito leve de injuria) se oye antes a la ofendida (art. 80.6).

2Condiciones propias de la violencia de género

Si el delito es sobre la mujer por quien es o fue su pareja, aun sin convivencia, el art. 83.2 obliga a imponer siempre:

1. Prohibición de aproximarse a la víctima, familiares u otras personas, sus domicilios, trabajos y lugares frecuentados, o de comunicar con ellos por cualquier medio.
2. Prohibición de residir en un lugar determinado o de acudir a él.
3. Participar en programas formativos (laborales, culturales, de educación sexual, de igualdad de trato y similares), relacionados con el delito.

Entre las medidas potestativas del art. 84 (mediación, multa, trabajos en beneficio de la comunidad), la multa solo se admite si no hay relaciones económicas entre autor y víctima derivadas del matrimonio, la convivencia, la filiación o hijos comunes. Por eso suele imponerse el trabajo en beneficio de la comunidad.

3Suspensiones extraordinarias

En violencia de género todas exigen también las reglas 1.ª, 4.ª y 6.ª del art. 83.1.

4Plazos, revocación y remisión

5Suspensión por indulto

El art. 4.4 CP permite suspender la pena mientras se tramita un indulto si de lo contrario habría dilaciones indebidas o el indulto quedaría ilusorio. Es potestativo, no automático. Es la única vía para dejar de aplicar una prohibición de acercamiento cuando la pareja se reconcilia, y solo es eficaz si la pena principal no es privativa de libertad: si lo es y se suspendió, las prohibiciones siguen como condición de esa suspensión.

Unidad XXEjecución: trabajos en beneficio de la comunidad y localización permanente

1Cómo se ejecuta

Con sentencia firme se incoa la ejecutoria, se requiere al condenado y se aprueba la liquidación de la pena. Los servicios de gestión de penas y medidas alternativas (RD 840/2011) elaboran un plan, controlan su cumplimiento, informan al juez (al menos cada tres meses) y se coordinan con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y las oficinas de asistencia a las víctimas.

2Trabajos en beneficio de la comunidad (TBC)

• Duración: de 1 día a 1 año (menos grave de 31 días a 1 año, leve de 1 a 30 días).
• Dónde aparece: pena alternativa en los arts. 153.1, 171.4, 172.2, 172 ter.2 y 173.4, y medida de la suspensión.
• Consentimiento: exige el del penado (art. 49), por lo que se aconseja preguntárselo al final del juicio.
• Condiciones: actividad útil no retribuida, máximo ocho horas diarias, respeto a su dignidad y control del Juez de Vigilancia Penitenciaria.
• Incumplimiento: dos jornadas de ausencia con rechazo voluntario, bajo rendimiento o desobediencia reiterada llevan a declarar el incumplimiento y deducir testimonio por quebrantamiento (art. 468).

Si el TBC es pena, el control corresponde al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria cuando existe plan de ejecución. Si es medida de la suspensión, lo controla el juzgado de la ejecutoria (art. 86).

3Localización permanente

Es pena privativa de libertad, hoy muy reducida. En violencia de género solo está prevista como pena alternativa en el delito leve de injuria o vejación injusta (art. 173.4); se usa también como responsabilidad subsidiaria por impago de multa y para sustituir prisiones inferiores a tres meses. Es pena leve de 1 día a 3 meses.

• Se cumple en domicilio distinto y alejado del de la víctima; no se admite el cumplimiento en prisión los fines de semana.
• A petición del reo y oído el fiscal, puede cumplirse en sábados y domingos o de forma no continuada.
• Se controla con visitas policiales o con medios electrónicos de localización (art. 37.4). Incumplirla implica deducir testimonio por quebrantamiento.

Unidad XXIQuebrantamiento de pena o medida cautelar e intangibilidad de las sentencias firmes

1El delito del artículo 468

Castiga quebrantar una condena, medida cautelar o medida de seguridad. Se considera un delito contra la Administración de Justicia que protege el principio de autoridad. Desde la LO 7/2015 (art. 87 ter.1.g LOPJ), los Juzgados de Violencia sobre la Mujer instruyen este delito cuando la persona protegida es la pareja o expareja, sus descendientes o menores y personas vulnerables a su cargo. Antes solo lo conocían si iba unido a otro delito de violencia de género.

Si el maltrato, las amenazas o las coacciones leves se cometen quebrantando una pena o medida del art. 48, se castigan con la mitad superior de la pena del tipo básico. El subtipo agravado se aplica como norma especial (art. 8.1) para no castigar dos veces lo mismo.

2Cuestiones frecuentes

• Encuentro casual: es impune, pero no se puede aprovechar para hablar con la mujer.
• Error de tipo o de prohibición: no se admite creer que la víctima puede dejar sin efecto la orden; solo el juez que la dictó puede modificarla, y su obligatoriedad es de conocimiento general.
• Atenuante analógica: el consentimiento de la víctima no la justifica, aunque puede considerarse al individualizar la pena.

3El consentimiento de la víctima

El Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo acordó que el consentimiento de la mujer no excluye la punibilidad. Se argumenta que la víctima no puede disponer del principio de autoridad, que el delito se persigue de oficio y que estos consentimientos suelen darse bajo presión o con falsas promesas. Hay votos particulares críticos, y la jurisprudencia matiza que no debe aplicarse a ciegas.

• Medida cautelar: si la mujer quiere reanudar la convivencia, debe comparecer ante el juez, que valorará si persiste el riesgo. No basta un escrito de su representación.
• Pena firme: la prohibición es obligatoria (art. 57) y la única vía es el indulto con suspensión durante su tramitación. El TJUE (15 de septiembre de 2011) admitió la medida obligatoria aunque la víctima se oponga, con derecho a ser oída.
• La mujer no responde penalmente por consentir el acercamiento: la orden obliga solo al acusado.
• Si el condenado está preso, conviene enviar al centro testimonio de la resolución para evitar visitas, aunque la víctima las pida.

Unidad XXIINovedades de la LO 1/2015 relacionadas con la violencia de género

El acoso se tipificó porque persecuciones y hostigamientos a menudo no encajaban en amenazas o coacciones, y la víctima no podía ni pedir una orden de alejamiento. En caso de difusión de imágenes se pueden solicitar como cautelares la retirada de contenidos y la prohibición de comunicación.

Unidad XXIIILa violencia económica sin acto adicional de violencia de género

1Impago de pensiones (art. 227 CP)

No pagar la pensión fijada judicialmente o por convenio es violencia económica. No se castiga una simple deuda civil (no hay «prisión por deudas»), así que se exige:

• Una resolución judicial que genere la obligación.
• Dejar de pagar con conciencia y voluntad (delito doloso de omisión).
• Capacidad económica del obligado, cuya prueba corresponde a la acusación.

2Competencia del juzgado

El art. 87 ter.1.b LOPJ atribuye a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer los delitos contra los derechos y deberes familiares cuando la víctima es una persona protegida. Se discutía si hacía falta además un acto de violencia de género: las Circulares 4/2005 y 6/2011 de la Fiscalía y varios autos del Tribunal Supremo lo exigían, pero el manual señala que, con la redacción dada por la LO 7/2015, ya no es preciso un hecho adicional.

Este módulo explica cómo responde la justicia a la violencia de género: qué se protege, qué medidas amparan a la víctima, cómo se la atiende en el juzgado, qué ocurre si no declara, cómo se valoran la prueba y el riesgo y qué papel tienen los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (JVM) en lo civil.

Unidad XXIVBienes jurídicos afectados

El bien jurídico es el interés que la ley protege con un delito. En la violencia de género son varios a la vez.

En la violencia doméstica se protegía la dignidad de las personas en la familia y la paz familiar. La STC 59/2008, de 14 de mayo, avaló el artículo 153 del Código Penal: la Ley Integral busca prevenir agresiones que son manifestación del dominio del hombre sobre la mujer en un contexto de desigualdad.

1Qué se protege hoy

Unidad XXVMedidas para proteger a la víctima

1Medidas cautelares

Son actos que garantizan el desarrollo del proceso penal y, aquí, la protección física y psíquica de la víctima. Son instrumentales (solo existen con un proceso abierto), se acuerdan de oficio o a instancia de parte (salvo la prisión provisional) y son provisionales (se modifican si cambian las circunstancias). Exigen un hecho con apariencia de delito con un presunto responsable y el temor de que su conducta obstaculice el proceso. El artículo 61 de la LO 1/2004 obliga al juez a pronunciarse siempre sobre ellas.

2Catálogo y competencia

• Orden de protección (artículo 544 ter LECrim).
• Salida del domicilio, alejamiento, prohibición de comunicación, suspensión de la patria potestad, la custodia o las visitas, y suspensión del derecho a tener y portar armas (artículos 61 a 69 LO 1/2004).
• Medidas de los artículos 13 y 544 bis LECrim, del artículo 158 del Código Civil, orden de detención y prisión provisional.

Son compatibles entre sí y se documentan en pieza separada. Las adopta el JVM competente; también puede hacerlo el juzgado del lugar de los hechos (artículo 15 bis LECrim) y el Juzgado de Guardia fuera de las horas de audiencia del JVM o si la denunciante vive fuera del partido judicial. Debe resolver el órgano ante el que se pidió la orden aunque dude de su competencia territorial. No pueden coexistir dos órdenes de protección sobre la misma persona.

3Procedimiento, notificación y duración

• Auto motivado que aprecie proporcionalidad y necesidad, con el Fiscal y respeto a la contradicción y la defensa (artículo 68 LO 1/2004); por eso hay comparecencia.
• Para que haya quebrantamiento no basta notificar: hace falta un requerimiento de cumplimiento documentado con apercibimiento expreso. Si se incumple, el juez debe convocar la audiencia del artículo 505 o la del 544 ter, valorando motivos y gravedad.
• El auto debe fijar la duración, con revisiones periódicas. Pueden mantenerse durante los recursos si la sentencia lo dice, y el tiempo cumplido se abona a la pena.
• Como cautelares, las prohibiciones del artículo 48 CP duran como máximo lo que la pena: 5 años (delito menos grave), 10 años (grave) y 6 meses (faltas).
• Las medidas civiles de la orden de protección duran 30 días; si en ese plazo se presenta demanda de familia, 30 días más desde su interposición, y deben ratificarse, modificarse o anularse. El imputado no puede pedirlas.

4La orden de protección

1. Pieza separada al admitir la solicitud.
2. Audiencia en 72 horas desde la solicitud, con la víctima, el denunciado y su abogado y el Fiscal. Se declara por separado para evitar la confrontación; puede coincidir con la audiencia del artículo 505.
3. Auto motivado con medidas penales y, si procede, civiles: vivienda familiar, custodia, visitas, alimentos y medidas para proteger a los menores.
4. Notificación a las partes y a la víctima, que debe ser informada de la situación procesal y penitenciaria del agresor.
5. En 24 horas: testimonio al Punto de Coordinación, inscripción en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica y aviso a la Policía Judicial y, si procede, a prisiones.

Si no se puede citar al imputado y urge una prohibición de aproximación, comunicación o residencia, se usa el artículo 544 bis. Las medidas del artículo 158 CC protegen a los menores en cualquier proceso (alimentos, evitar sustracciones, prohibir salir de España) y, por urgencia, pueden dictarse sin oír a las partes.

5Prisión provisional

Solo procede si es objetivamente necesaria y no basta otra medida menos gravosa. Se acuerda tras una audiencia del artículo 505 en 72 horas desde la puesta a disposición judicial (puede ser por videoconferencia).

Con el imputado en prisión se mantienen las prohibiciones de aproximación y comunicación (visitas, llamadas, mensajes y cartas), se abonan después en la condena y se avisa al centro penitenciario.

Unidad XXVIDependencias judiciales y artículo 416 LECrim

1Protección en el juzgado

Hay que evitar la victimización secundaria: acogida respetuosa y espacios de espera y circuitos que impidan el contacto visual con el imputado, aunque muchos juzgados carezcan de ellos y deban reclamarlos a la Administración. En la atención a la denunciante:

• Información en lenguaje llano sobre sus derechos y los recursos sociales. Si es extranjera en situación irregular, se le informa de que la ley no determina necesariamente su expulsión.
• No hacerla sentir culpable, dejarla expresarse y no meterle prisa en la declaración.
• Explicarle las fases del procedimiento y comunicarle las decisiones que afecten a su seguridad, se haya personado o no como acusación particular.

2La dispensa de declarar

El artículo 416 LECrim exime de declarar contra el procesado a su cónyuge y a ciertos parientes. Según el Supremo es un derecho de quien declara, también si es la víctima. Muchas mujeres lo usan, con riesgo de archivo o absolución.

• Parejas de hecho: se equiparan al matrimonio si la relación es estable y subsiste cuando se declara (STS 134/2007).
• Advertencia: debe hacerla el juez y también la policía (STS 385/2007). Si falta, la declaración no puede valorarse (artículo 11.1 LOPJ).

3Si no declara en el juicio

• Algunas Audiencias admiten leer la declaración de instrucción (artículo 730 LECrim) si se prestó con la dispensa advertida y con el abogado del imputado presente. Es un tema debatido.
• Quedan también la prueba indiciaria y los testigos directos (agentes, médico, vecinos) que vieron lesiones o el estado de la víctima (STS 625/2007).
• Si la víctima puede ausentarse (por ejemplo, una extranjera que va a volver a su país), el juez puede acordar prueba anticipada o grabar la declaración (artículos 325 y 731 bis LECrim), siempre con contradicción.

Unidad XXVIILa valoración de la prueba

1Motivación

La tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE) incluye una resolución motivada (artículo 120.3 CE): no vale la falta absoluta de motivación ni la meramente aparente, aunque basta con la ratio decidendi. Como la violencia ocurre en la intimidad, la declaración de la víctima suele ser la prueba principal, y la sentencia debe explicar por qué se da más crédito a una versión. También deben motivarse las medidas cautelares concedidas o denegadas, y una absolución debe explicarse con claridad a la víctima.

2Absoluciones y denuncias falsas

Una absolución no implica una denuncia falsa: se absuelve porque la presunción de inocencia y el in dubio pro reo lo exigen si falta prueba de cargo o queda duda razonable. Los sobreseimientos se explican por la dificultad de probar hechos privados, y los procesos civiles son muy inferiores a los penales.

3Credibilidad de la víctima

Su declaración es prueba directa y puede ser prueba de cargo (STS 935/2005). La jurisprudencia propone tres pautas orientativas, no requisitos rígidos:

• No es razonable dudar de la denunciante solo por estar en un proceso de separación o por haber demandado al agresor.
• El tiempo hasta denunciar se valora con prudencia: pesan la vergüenza y el miedo (STS 725/2007).

Se buscan corroboraciones periféricas objetivas (lesiones, otros testimonios, periciales), con ponderación en delitos que no dejan huellas.

4Retractaciones y renuncias

Una víctima puede querer apartarse por dependencia emocional o económica, miedo, situación irregular o por no perjudicar a los hijos. El juez debe indagar si la retractación es libre o fruto de amenazas o presiones.

• Son delitos públicos: retirar la denuncia no supone archivar ni dejar sin efecto las medidas automáticamente; se valora si persiste el riesgo.
• La renuncia a la acción penal no vincula al juez ni al Fiscal, y la renuncia a la civil no impide investigar el daño.

Unidad XXVIIIValoración del riesgo policial y judicial

1VPR y VPER

La VPR (Valoración Policial del Riesgo) refleja el riesgo inicial y la VPER (Valoración Policial de la Evolución del Riesgo), su evolución. Son informes con valor de atestado-denuncia, con formularios normalizados que consideran la violencia sufrida, el agresor y sus antecedentes, las circunstancias familiares y económicas, la retirada de denuncia o la reanudación de la convivencia. El protocolo se aprobó con las Instrucciones 10/2007, 14/2007 y 5/2008 de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Existe también el nivel «no apreciado». Se comunican al juzgado y al Fiscal la valoración inicial y las que cambien el nivel.

2Valoración judicial y forense

La instrucción debe contar con informes de las Unidades de Valoración Forense Integral. No hay un perfil de personalidad ni un trastorno específico del maltratador. Hay pautas aprendidas socialmente; algunas alteraciones (paranoide, delirante celotípico) o el abuso de alcohol y tóxicos pueden aumentar el riesgo y fundamentar medidas. La peligrosidad criminal es un juicio de probabilidad de que alguien cometa un delito, y el juez puede pedir a la Unidad que valore la salud mental del agresor, la influencia de tóxicos y esa probabilidad.

Unidad XXIXProcedimientos civiles en los JVM y formación

1Competencia civil

La Ley Integral especializó a los jueces de instrucción para que lo penal y lo civil relacionado se traten en la misma sede. El artículo 87 ter de la LOPJ exige que se den a la vez, al presentar la demanda:

1. Materia civil incluida: filiación, nulidad, separación y divorcio, relaciones paterno-filiales, medidas familiares, guarda y alimentos de menores, asentimiento en la adopción u oposición a resoluciones de protección de menores.
2. Una parte es víctima de violencia de género (matrimonio o análoga relación) y otra, imputada como autora, inductora o cooperadora necesaria.
3. Hay actuaciones penales iniciadas ante el JVM o se ha dictado una orden de protección.

Con el artículo 49 bis LEC, el juzgado de familia se inhibe a favor del JVM si el juicio oral civil no ha empezado. Si solo conoce el acto de violencia sin proceso penal ni orden, mantiene la competencia y convoca una audiencia en 24 horas. El JVM puede rechazar la inhibición si los hechos notoriamente no son violencia de género. La ejecución sigue en el juzgado que dictó la resolución (artículo 545 LEC).

Debe haber coherencia con lo penal: si hay prohibición de aproximación o comunicación con los hijos, no se fija régimen de visitas en lo civil mientras siga vigente.

2Formación especializada

• La Ley Integral creó los JVM y exige Secciones Penales (y civiles) especializadas en las Audiencias. Según el texto, JVM y Secciones Penales funcionan desde el 29 de junio de 2005.
• Especializar exige conocer la violencia y detectar prejuicios y estereotipos, para entender las declaraciones ambiguas, las retractaciones y el uso de la dispensa.
• La formación judicial corresponde al CGPJ (artículo 107.4 LOPJ). Naciones Unidas y el Consejo de Europa piden formación específica; el texto la considera una obligación ética de jueces y juezas.

Este módulo describe la figura del Ministerio Fiscal especializada en violencia sobre la mujer.

Unidad XXXLa Fiscalía contra la Violencia sobre la Mujer

1Quién es y cómo se organiza

La Ley Orgánica 1/2004 creó la figura del Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer, como delegado del Fiscal General del Estado. En las fiscalías territoriales se ha creado la Sección contra la Violencia sobre la Mujer, que interviene en los procedimientos penales y civiles de los que conocen los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

• En cada Fiscalía Provincial existe una sección de Violencia sobre la Mujer, al frente de la cual están los fiscales delegados o fiscales delegadas.
• Desde la Orden PRE/720/2007, de 21 de marzo, la creación de cada nuevo Juzgado de Violencia sobre la Mujer exclusivo conlleva la creación de una plaza de fiscal que ejerce sus funciones solo en ese órgano judicial especializado.

2Funciones de la Fiscal de Sala

• Supervisar y coordinar a nivel estatal las Secciones contra la Violencia sobre la Mujer de las fiscalías y sus criterios de actuación.
• Mantener relaciones interinstitucionales con la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, los ministerios de Justicia, Interior y Sanidad, y el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, entre otros.

Este módulo explica qué es el Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, por qué se firmó, cómo se desarrolla y cuáles son sus ejes de actuación.

Unidad XXXIEspaña y la igualdad de género

La Ley Orgánica 1/2004 se aprobó por unanimidad en 2004. Es una ley pionera en Europa, obliga a todos los poderes públicos y es legislación básica que las comunidades autónomas han incorporado y desarrollado. Crea un sistema integral basado en tres pilares:

Entre sus novedades destacan los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, que elabora las políticas públicas en la materia.

• En 2014, ONU Mujeres, el World Future Council y la Unión Interparlamentaria premiaron a España por esta ley, una de las más eficaces del mundo según estas instituciones.
• Según la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE, España es el país más concienciado de Europa: el 83 % de las mujeres ha visto u oído campañas de sensibilización, frente al 50 % de la media de la UE.

Aun así, los datos muestran que todavía queda mucho trabajo por hacer.

Unidad XXXIIQué es el Pacto de Estado y por qué se firma

1Concepto y origen

Un pacto de Estado es un acuerdo entre partidos de tendencias opuestas para marcar la acción del Estado a largo plazo en asuntos de gran trascendencia, con independencia de quién gobierne. Ejemplos en España: los Pactos de la Moncloa (1977), el Pacto de Toledo sobre pensiones (1995) y el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo (2000).

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género fue fruto de un año de comparecencias y negociaciones en la subcomisión del Congreso de los Diputados y en la ponencia del Senado. En septiembre de 2017 se aprobó sin ningún voto en contra, y fue el primer pacto de Estado consensuado por los grupos parlamentarios desde 2015. Surgió de la reivindicación del movimiento feminista y de algunos partidos de recuperar el consenso de la Ley 1/2004 y de avanzar en el cumplimiento del Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014.

2Cifras

3Para qué se firma

El Pacto supone un punto de inflexión. Pese a los avances, las mujeres siguen sufriendo control, amenazas y agresiones, y han repuntado otras formas de violencia como la trata con fines de explotación sexual. Su finalidad es identificar carencias, proponer mejoras y garantizar que el sistema se perfeccione independientemente del partido que gobierne, con medidas y objetivos concretos, medibles y evaluables.

Unidad XXXIIICómo se desarrolla y se controla el Pacto

• La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género impulsa y coordina las medidas con los ministerios, las comunidades autónomas y las entidades locales (representadas por la Federación Española de Municipios y Provincias).
• Además de recursos económicos, requiere cooperación institucional («gobernanza multinivel») a través de la Conferencia Sectorial de Igualdad y el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, en diálogo con la sociedad civil, los medios de comunicación y las entidades privadas.
• Para el seguimiento se creó un grupo de trabajo con las comunidades autónomas que diseña un sistema de indicadores, en línea con la Agenda 2030.
• El Congreso creó la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado, que evalúa el desarrollo del Pacto y controla al Gobierno en esta materia.

Unidad XXXIVEjes de actuación

Las medidas inciden en diez ámbitos:

1Ejes dirigidos a la prevención y a la atención

1. Ruptura del silencio: sensibilización y prevención, para que toda la sociedad tome conciencia del daño de la desigualdad y de la violencia, también para los hijos e hijas.
2. Mejora de la respuesta institucional: coordinación y trabajo en red, apoyo de recursos locales y perfeccionamiento de los protocolos.
3. Mejor asistencia, ayuda y protección a las víctimas y a sus hijos e hijas: tratamiento personalizado, atención especial a las mujeres más vulnerables, refuerzo de los protocolos sanitarios, planes de inserción laboral y simplificación de las ayudas.
4. Asistencia y protección de menores: se les reconoce como víctimas directas. Incluye nuevas prestaciones en casos de orfandad, revisión de las medidas civiles de custodia y refuerzo en el ámbito educativo.
5. Impulso de la formación de jueces y juezas, fiscales, equipos psicosociales, médicos forenses, fuerzas de seguridad y personal sanitario y docente. Los contenidos formativos deben ser obligatorios, homologados y evaluables.

2Ejes de conocimiento, ampliación y compromiso

1. Mejora del conocimiento: seguimiento estadístico de todos los tipos de violencia del Convenio de Estambul, con variables como edad, discapacidad, precariedad laboral o mundo rural, y estudios sobre el impacto en hijos e hijas, la violencia sexual y la situación laboral de las víctimas.
2. Recomendaciones a comunidades autónomas, entidades locales y otras instituciones, como agentes colaboradores necesarios.
3. Violencia fuera de la pareja o expareja: violencia sexual, trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, mutilación genital femenina y matrimonios forzados.
4. Compromiso económico: respaldo presupuestario en los Presupuestos Generales del Estado para cada administración, según sus competencias.
5. Seguimiento del Pacto: información a la Comisión de Seguimiento para que evalúe y controle los avances.

Las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género tienen los mismos derechos de protección que cualquier víctima y, además, derechos específicos sobre residencia, situación administrativa, asilo y retorno.

Unidad XXXVPor qué están más expuestas

Cualquier mujer puede sufrir violencia de género, pero el temario señala mayor riesgo en las extranjeras, sobre todo latinoamericanas, en situación irregular o llegadas por reagrupación familiar. Influyen:

• Precariedad económica y laboral, y dependencia del agresor.
• Permiso de residencia vinculado al cónyuge.
• Normalización de la violencia por diferencias culturales.
• Duelo migratorio, aislamiento y dependencia emocional.
• Idioma, falta de apoyo del entorno y desconocimiento de la legislación.

Unidad XXXVIResidencia y protección en situación irregular

Base legal citada: art. 17.1 de la LO 1/2004, LO 4/2000 (derechos de los extranjeros), su Reglamento (RD 557/2011) y el RD 240/2007 (ciudadanos de la UE y del EEE).

1Familiares de ciudadanos de la UE o del EEE

Para conservar la residencia tras nulidad, divorcio o cancelación de la pareja registrada, la mujer no comunitaria debe acreditar que fue víctima durante la relación (art. 9.4 RD 240/2007). La acreditación es provisional con una orden de protección o un informe del Ministerio Fiscal que indique indicios, y definitiva con una resolución judicial de la que se deduzca la violencia.

2Mujeres extranjeras no comunitarias

La autorización alcanza a los hijos menores o con discapacidad que no puedan proveer a sus necesidades, y a los mayores de 16 años presentes en España en la denuncia. Mientras se resuelve se conceden autorizaciones provisionales. Si una trabajadora pierde el empleo o ve suspendida su relación laboral por ser víctima, su autorización se renueva (art. 38.6 LO 4/2000).

3Qué ocurre si está en situación irregular

• Al denunciar no se abre el procedimiento sancionador por estancia irregular (infracción grave).
• Si ya estaba abierto, se suspende, igual que la ejecución de expulsiones o devoluciones acordadas.
• Con sentencia condenatoria o resolución que acredite la violencia (incluido el archivo por paradero desconocido o el sobreseimiento por expulsión del denunciado) se concede la autorización, también a los hijos que corresponda.
• Con sentencia no condenatoria o resolución que no la acredite se deniega, pierden eficacia las provisionales y se abre o reanuda el procedimiento por estancia irregular.

Unidad XXXVIIAsilo y retorno voluntario

1Asilo

La Ley 12/2009, de 30 de octubre, reconoce la condición de refugiada a la mujer víctima de violencia de género con fundados temores de persecución por pertenencia a un grupo social, por género u orientación sexual, que está fuera de su país y no puede o no quiere acogerse a su protección. También a la apátrida por los mismos motivos. Los actos de persecución deben ser graves, con violencia física o psíquica, incluida la sexual, y se tienen en cuenta las circunstancias del país de origen.

2Retorno voluntario

Los programas del entonces Ministerio de Empleo y Seguridad Social permiten volver a su país a quien lo desee y cumpla los requisitos:

• Retorno asistido para personas vulnerables: solicitantes de asilo, con protección subsidiaria o en situación irregular, que acrediten ser víctimas de violencia psicológica, física o sexual con informe de servicios sociales municipales o de la entidad gestora.
• Retorno de atención social: extranjeras vulnerables en situación regular, en carencia social acreditada con el mismo tipo de informe, y víctimas de violencia.
• APRE: trabajadoras extranjeras no comunitarias con derecho al abono acumulado y anticipado del desempleo, de países con convenio bilateral de Seguridad Social con España.